"Es inmoral cerrar un ambulatorio o una escuela antes que una empresa pública". Esta lamentable frase, atribuida a un alto cargo del Gobierno, parece que va a marcar las líneas rojas del nuevo paquete de medidas de "ajuste severo" que el Gobierno quiere aprobar en el Consejo de Ministros del próximo día 13.
Un ajuste que podría alcanzar los 30.000 millones de euros, el 3% del PIB, y que fuentes próximas al Ejecutivo han confirmado que se centrará en tres capítulos básicos de gasto: prestaciones por desempleo, costes de personal de las Administraciones Públicas y las pensiones.
Aunque las alternativas que maneja el Ejecutivo son variadas y todavía no existe una decisión firme, las fuentes consultadas coinciden en apuntar que en materia de desempleo la fórmula que más gusta y está sobre la mesa sería la de reducir los períodos máximos de cobro de la prestación por desempleo. En la actualidad el periodo máximo de cobro del subsidio de paro es de 24 meses y, pese a que no hay plazos definidos, la horquilla que se baraja es rebajar esos dos años a un máximo de 15 o 18 meses.
De esta forma se conseguiría un ahorro del gasto en prestaciones sin tener que tocar la cuantía de la prestación, alternativa esta última que, aseguran, aún no está definitivamente descartada. Si tenemos en cuenta que la cuantía media de la prestación por paro es de 919 euros, una reducción de 6 meses en el cobro de la misma para los 2.899.150 beneficiarios actuales representaría un ahorro aproximado de 15.000 millones de euros, prácticamente la mitad del ajuste total que se pretende, si se aplicase a todos los beneficiarios actuales de las prestaciones por desempleo.
Pensiones y empleo público
Sin embargo, donde existen mayores diferencias entre los miembros del Consejo de Ministros es en los capítulos de pensiones y recorte del empleo público. En el primer punto, las alternativas que en estos momentos aparecen como más factibles serían la de congelar las pensiones para el año 2013 y recortar o eliminar, al mismo tiempo, el periodo transitorio para la jubilación a los 67 años.
Y, respecto al empleo público, todos los miembros del Ejecutivo son conscientes de que el recorte esencial deberán hacerlo las comunidades autónomas. Es por ello que la propuesta que está estudiando el Gabinete pasa por reducir los anticipos de tesorería a las comunidades autónomas para obligar a los gobiernos regionales a adelgazar sus costes de personal y a cerrar o privatizar empresas públicas.
"El que paga manda", comentaba un alto cargo del Grupo Popular en el Congreso, y si no cumplen voluntariamente tendrán que hacerlo obligados por el recorte presupuestario, bien reduciendo el número de empleados o bien mediante rebajas salariales. Precisamente fueron estos adelantos a las autonomías los responsables de que el déficit del Estado se haya disparado en los cinco primeros meses de este año, hasta alcanzar el 3,4% del PIB, sólo una décima menos que el déficit previsto para todo el año.
Los datos de la Ejecución Presupuestaria hasta mayo muestran cómo las transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas prácticamente se han duplicado en este año -crecieron un 91,9%- alcanzando un total de 11.403 millones de euros.
En principio, de lo que se trataría es de ajustar los anticipos a la recaudación real, que es hoy inferior a la recaudación presupuestada y que es la referencia que se está utilizando ahora. Recordemos que el propio Rajoy ya ha anunciado públicamente que el Gobierno pedirá un nuevo esfuerzo a las comunidades autónomas para reducir el saldo negativo de las cuentas públicas.
Respecto al personal afectado, la intención del Gobierno es que los despidos se concreten en el grupo de los contratados laborales, evitando tocar a los funcionarios. Los cálculos de la Administración estiman que en el conjunto de las administraciones españolas existen unos 300.000 laborales, la mayoría de ellos en las autonomías.
Al mismo tiempo se está estudiando también la supresión o reducciones de incentivos y complementos salariales para el conjunto de las Administraciones. Una propuesta que ha encontrado una fuerte contestación por parte de los representantes de los cargos altos y medios de la función pública.
Plan de privatizaciones
Aunque la postura oficial del Gobierno es la de no confirmar ni desmentir ninguna de las informaciones que están circulando entre los políticos, agentes sociales y medios de comunicación, sí admiten que "lo que hay son cálculos técnicos, pero sin ninguna decisión".
En esta línea, tampoco confirman, aunque sí lo hacen círculos del Partido Popular próximos a La Moncloa, que el Gobierno de Mariano Rajoy tenga previsto incorporar un plan de privatizaciones a las medidas de ajuste para garantizar el cumplimiento de los objetivos pactados con Bruselas. Con este plan de privatizaciones, que se quiere aprobar también en este mes de julio, el Ejecutivo pretende ingresar otros 30.000 millones que se destinarían a amortizar deuda pública.
Entre las empresas que están en la lista de privatizables o, al menos, a las que se daría entrada al capital privado, figuran Renfe, Aena, Puertos del Estado, Cesce y Paradores. También se incluirán privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas, como el Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid. Además de desinversiones en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods o Red Eléctrica Española (REE).
En estos momentos, el Gobierno está estudiando qué activos tienen un valor atractivo para los inversores para evitar ventas a precio de saldo y qué empresas tienen ingresos suficientes para aliviar la tensión de la deuda española.
El recurso a las privatizaciones ya lo intentó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, quien proyecto privatizar parte de Aena y Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y vender las participaciones de Sepi en AG, REE y Ebro, pero canceló las operaciones cuando ya había recibido el visto bueno del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) al considerar que no se daban las condiciones de mercado oportunas.
Y en medio de estos rumores más o menos autorizados y confirmaciones no oficiales, lo único que parece claro es que los nuevos recortes que apruebe el Gobierno deberán recibir previamente el visto bueno de la Unión Europea, por lo que se analizarán en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE del próximo 10 de julio.
Además, algunas de las medidas, aunque se enuncien ahora, podrían reservarse para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, momento en el que, como apuntó recientemente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está previsto que el Gobierno ponga sobre la mesa un plan fiscal para 2014, en línea con lo que piden Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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