El pasado 20 de Noviembre de 2012 se aprobaba en el Parlamento la conocida como “Ley de Tasas Judiciales”, que entraba en vigor al día siguiente de su publicación, aunque posteriormente, debido a la inoperancia de la Administración, ha quedado en suspenso debido a que en Hacienda no existen los modelos a presentar para la liquidación de la misma.
¿Qué medidas contempla la nueva ley, que tanto rechazo ha suscitado?
La reforma es un ataque nunca visto contra lo que se denomina “Estado de Derecho”, es decir, en el momento actual de crisis capitalista, ni siquiera lo que la burguesía vendía como pilar fundamental de la “democracia” se libra de los recortes. Lo que nos espera es una justicia solo para quien la pueda pagar, para las clases pudientes, alejando a la clase obrera y los sectores populares de cualquier posibilidad de reclamar sus derechos por la vía judicial, dejando una vez más en evidencia el carácter clasista del Estado y sus instituciones –como lo es la Justicia– y de la propia Constitución de 1978, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la misma de todas las personas, contra lo que atenta esta ley. Si la tan nombrada norma no es obstáculo para la burguesía a la hora de hacer recortes, no debería ser obstáculo tampoco para la clase obrera a la hora de plantear sus exigencias.
El incremento de las tasas, en algunos casos, llega a ser escandaloso: en el caso de que se quiera presentar recurso de apelación, es decir, cuando se quiera recurrir la sentencia que se haya dictado en primera instancia, la tasa a pagar alcanzaría los 800 euros fijos, más una cantidad en proporción a la cuantía del pleito. Habrá que pensárselo más de una vez antes de iniciar cualquier proceso judicial.
Pero lo que más nos debe preocupar, es decir, lo que más debe de llamar la atención de esta reforma, alejados de cualquier interpretación pequeñoburguesa, “legalista” o de Estado de Derecho, es cómo afecta de a la clase obrera y a los sectores populares, demostrando lo que decía Lenin, que el Imperialismo tiende a la reacción en todos los sectores.
La situación económica por la que está pasando el sistema capitalista tiene su reflejo en la superestructura legal y política, tal cual llevamos viendo desde el inicio de la crisis, con las sucesivas reformas laborales, de seguridad social, código penal... en un intento de la oligarquía por legitimar las medidas que ejecuta para explotar cada vez más a los trabajadores y recortar sus derechos más básicos, hasta el punto de la indefensión.
Con esta ley, la jurisdicción social, que es a la que llegan las demandas por despidos, conflictos colectivos de trabajo y demás asuntos relacionados con las relaciones laborales, pasa también a ser de pago; hasta ahora era gratuita para los trabajadores. A partir de este momento, la presentación de la demanda seguirá sin generar costes, pero en caso de que haya que recurrir, la tasa a aplicar será de 200 euros llegando a los 450 euros si se acaba en el Tribunal Supremo, elevando claramente la cantidad dineraria que habría de afrontar un trabajador para reclamar sus derechos.
Como vemos, el Estado burgués cuadra perfectamente su estrategia; por un lado, con las reformas laborales desarma a la clase obrera, dejando en nada la negociación colectiva y rebajando sus condiciones de trabajo, como ya estamos viendo con varias empresas que se descuelgan de los Convenios Colectivos para aplicar a sus trabajadores peores condiciones laborales, o amenazan a los sindicatos para que negocien a la baja; y por otro lado, dificulta gravemente el que esos trabajadores puedan acceder a los Juzgados y Tribunales para impugnar las decisiones de la empresa o para que reclamen por su despido o por salarios que les deban.
Pero de la aplicación de esta norma se pueden esperar aún otros resultados nefastos y que nadie está poniendo sobre la mesa, debido a, como hemos dicho antes, la hegemonía de los análisis pequeñoburgueses o legalistas en esta cuestión; si se llegan a implantar estas nuevas tasas judiciales, en lo que todo el mundo coincide y es de prever, es que disminuirán de manera progresiva los casos que lleguen a los Juzgados y Tribunales, por lo que la carga de trabajo de los mismos pasará a ser menor, lo que según el Gobierno es uno de los objetivos de la Ley. Ante este panorama, como marxistas, hemos de ver más allá y darnos cuenta de lo que deparará el futuro: con las últimas reformas de la legislación laboral, se permiten los Expedientes de Regulación de Empleo (los famosos EREs) en la Administración Pública, por lo que, si disminuye de manera considerable la carga de trabajo en la Administración de Justicia, ya tendrán la excusa para mandar a la calle a miles de trabajadores en todo el Estado.
El resultado de esta Ley, como vemos, es la total desprotección de la clase obrera del Estado español; la burguesía ya no puede ni siquiera permitirse que los trabajadores acudan a la justicia a reclamar sus derechos (los pocos que les quedan) y lo impide por cualquier medio, incluso enfrentándose a sectores de profesionales liberales y pequeñoburgueses, tal es la crisis en la que se encuentran.
Frente a la situación actual, lo que se demuestra, es la necesidad de articular la respuesta obrera pero además, arrastrando en torno suyo a estos sectores populares y demás profesionales liberales que también se ven afectados por las medidas que tomadas, haciéndoles ver que solo acabando con el sistema que genera estas crisis estructurales se puede avanzar hacia una justicia real, hacia una justicia popular a la que toda la población pueda tener acceso; que ante estos ataques, la única solución es la articulación de un Frente Obrero y Popular por el Socialismo que vaya avanzando en la correlación de fuerzas hacia una nueva sociedad sin explotadores ni explotados, sin crisis económicas y por supuesto, con una Justicia realmente al servicio del pueblo.
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