martes, 24 de julio de 2012

Cataluña se une a Valencia y Murcia, pide un rescate al Estado

Cataluña será la tercera comunidad, tras el País Valencià y Murcia, que pedirá el rescate del Gobierno central a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Acuciado por una deuda de 42.000 millones de euros, la más alta de España, e incapaz de hacer frente al pago de sus proveedores, el Ejecutivo de Artur Mas acudirá finalmente a este mecanismo, una opción que sopesaba desde hace días. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha anunciado este mediodía que el Ejecutivo de CiU pretende acogerse “a todo tipo de líneas de financiación que faciliten nuestra tesorería”. “Es lo que hemos venido haciendo y es nuestra obligación”, ha concluido.

Homs no ha querido adelantar la cifra que Cataluña pedirá y ha insistido en que acogerse al Plan ICO4 puesto en marcha por el Gobierno no implica “un rescate”. El portavoz del Gobierno considera que hablar de rescate autonómico es parte de “una operación mediática para desgastar la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España”. Según Homs, Cataluña no tendrá que hacer ningún esfuerzo suplementario para acogerse al fondo de rescate. “Hace pocos días aprobamos un plan de ajuste y ya hace muchos meses que tenemos una situación de seguimiento de nuestras cuentas por parte del Gobierno central”. “No hay ninguna nueva condición”, ha asegurado. Aunque ya señalaron hace unos días que habría una nueva batería de recortes y medidas antipopulares...

En su comparecencia semanal tras la reunión del gobierno que preside Artur Mas, el portavoz no ha querido referirse a la palabra "rescate", tal como hizo Rajoy en su momento, y ha recurrido a todo tipo de ambigüedades y regates dialécticos, pero ha venido a confirmar que la Generalitat ya tiene asumido que deberá acudir a la "línea de liquidez" del Gobierno español. Homs ha subrayado que el ejecutivo catalán lleva tiempo acudiendo a la financiación y ha insistido en que existe "una operación mediática para desgastar la Generalitat y otras comunidades autónomas".

Al ser preguntado sobre si la Generalitat aceptará las condiciones del rescate, Homs ha admitido que siempre que alguien presta dinero a otro impone condiciones. Fuentes de Economía recuerdan que el consejero, Andreu Mas-Colell, lleva un año pidiendo hispabonos y que no descarta acudir ahora al fondo, aunque las mismas fuentes subrayan que “no está implementando” y que habría que negociar las condiciones. En una entrevista a la BBC, Mas-Colell ha declarado que la Generalitat lleva un año “pidiendo un sistema de mutualización de la deuda, llámese hispabonos u otro sistema, porque los catalanes pagamos impuestos al gobierno español, al tesoro, y en última instancia el Tesoro es quien debería ser el Tesoro que provea de liquidez a las comunidades”.

Los problemas financieros de la Generalitat la han llevado a pedir sucesivos préstamos y a emitir bonos minoristas. El Gobierno catalán sigue tratando de ir sorteando los vencimientos de deuda que debe afrontar en el segundo tramo del año, que ascienden a 5.755 millones de euros. De momento, la Generalitat ha empezado a renegociar con la banca acreedora un crédito sindicado de 800 millones de euros, que se añadiría a las operaciones que ha ido rubricando en el último mes y que ascienden a cerca de 450 millones de euros.

En realidad, el Ejecutivo catalán ya ha accedido a las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las comunidades, por lo que le convendría acceder de nuevo a fondos estatales, con un tipo de interés mucho más bajo que los que ofrece el mercado. Sin embargo, las condiciones publicadas por el BOE implican un férreo control de las finanzas por parte del Gobierno central. Se trata sobre todo de condiciones financieras y fiscales, incluida la posibilidad de que el ministro de Hacienda, Critóbal Montoro, pueda mandar, en última instancia, a sus hombres de negro en caso de incumplir esos requisitos.

Los acreedores de la Generalitat ya daban por hecho que la comunidad debería acudir al fondo de rescate. De hecho, el Ejecutivo de Artur Mas está negociando aplazar la devolución de un crédito sindicado de 800 millones de euros con varias entidades financieras. Según fuentes conocedoras de la negociación, los bancos le reclaman que el FLA cubra los próximos vencimientos de esa deuda.

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