El Ministerio de Sanidad propondrá este miércoles a las comunidades autónomas en el consejo interterritorial de sanidad excluir de la financiación pública más de 450 fármacos indicados para "síntomas menores". El listado de productos susceptibles de exclusión, que Sanidad ya ha enviado a los responsables de las autonomías, incluye principios activos como la acetilcisteina, utilizada como mucolítico —y base de medicamentos como el Fluimucil—; el aciclovir, usado para combatir los herpes; la loperamida (que se comercializa como Fortasec, entre otros), indicado para atajar la diarrea; o tratamientos de la tos, como aquellos que contengan dextrometrorfano —típico en jarabes como el Bisolvón—. El Gobierno calcula que la medida, prevista en el Real decreto de Medidas Urgentes del Sistema Nacional de Salud aprobado en abril, reportará un ahorro de más de 440 millones de euros. Estos fármacos, ahora financiados por el sistema nacional de salud pasarían a ser cubiertos en su totalidad por el paciente.
El consejo interterritorial de sanidad de este miércoles, que reune a la ministra Mato con los responsables de Sanidad de todas las autonomías, está marcado por la polémica. Es la primera cita tras la aprobación de la nueva ley que restringe la asistencia sanitaria a sin papeles y que reforma el sistema de copago de fármacos —que a partir del domingo será en función de la renta—, y por el que los pensionistas pasarán a pagar por primera vez por los fármacos que antes obtenían gratis. Una nueva fórmula a la que se oponen comunidades como Andalucía o País Vasco y para la que otras, como Asturias o Cataluña, ven graves complicaciones técnicas.
Así, el de mañana será, cuando menos, un consejo interterritorial incómodo. También para el bolsillo del ciudadano. Porque la propuesta que Sanidad ha hecho llegar a las comunidades aunónomás, que ha preparado la dirección general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia y que recoge algunas propuestas de 12 comunidades autónomas, menciona más de nueve grupos terapéuticos: desde los indicados para el estreñimiento o las varices y hemorroides, hasta los prescritos para el resfriado. Sanidad, que ha analizado las consecuencias de la reforma, asegura que se excluyen de la financiación pública estos medicamentos “para mantener la capacidad de financiación de nuevas terapias, indicadas en enfermedades graves”. Habla de un posible “perjuicio moderado o importante” para las empresas en su facturación; pero no incorpora ningún estudio de impacto en los pacientes.
El ministerio de Ana Mato sí deja una puerta abierta para que un desarrollo posterior recoja excepciones a esta exclusión; lo que podría beneficiar, por ejemplo, a enfermos crónicos que toman estos medicamentos como parte de su tratamiento. “Desde el punto de vista terapéutico existen algunas patologías concretas graves en las que algunos de los medicamentos a excluir son muy útiles, por lo que se ha optado porque la resolución de exclusión recoja tales excepciones”, dicen.
Sanidad también asume que la retirada de la financiación de estos fármacos —lo que no significa que no se puedan recetar— puede suponer un desplazamiento de prescripciones hacia otros fármacos. Un efecto que sin embargo, afirman, no se puede controlar.
Este desplazamiento en la prescripción es, según la médico de familia Cristina de la Cámara, lo que ocurrirá con fármacos como los anti ácidos (tipo Almax), que saldrían de la lista de financiados lo que puede disparar aún más el consumo de otros medicamentos como el omeprazol, “con muchos más efectos secundarios”.
Algunos de los fármacos que propone sanidad tienen realmente una efectividad muy discutida, como los tratamientos orales de las varices o los vasodilatadores periféricos; otros, sin embargo suponen la retirada de un tratamiento clave para algunas patologías. Es el caso de algunos fármacos indicados para infecciones víricas de la piel, como son el imiquimod o la podofidotoxina, indicados para los condiloma acuminado; una enfermedad de transmisión sexual producida por el virus del papiloma humano. De la Cámara también encuentra problemas en la exclusión de los laxantes. Muy necesarios para algunas personas que siguen tratamientos contra el cáncer o con opioides.
Pero sin ninguna duda, el gran grupo de fármacos afectados por la medida son aquellos indicados para los resfriados o para el tratamiento de la tos. De estos saldrían de la lista de financiados casi todos: desde los mucolíticos hasta la codeína, que es la base para muchos jarabes. Lo que para algunos expertos puede tener dos efectos: el desplazamiento de esas prescripciones a fármacos más complejos o que el paciente, al no beneficiarse de la financiación pública acuda de una manera más indiscriminada a la farmacia.
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